Diputados
Juicio a la Corte: Declararon los jueces Ramos y Ramos Padilla
Los jueces federales dieron su testimonio en la Comisión de Juicio Político en la Cámara de Diputados en medio de una jornada de debates y enfrentamientos entre los legisladores, al punto que Juntos Por El Cambio se levantó y se marchó de la reunión.
Los jueces federales Sebastián Ramos (Ciudad de Buenos Aires) y Alejo Ramos Padilla (La Plata) brindaron hoy testimonio en la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados, en la primera de las audiencias testimoniales por el proceso contra los cuatro integrantes de la Corte Suprema de Justicia, impulsado por el presidente Alberto Fernández y gobernadores.
En el quinto encuentro de la Comisión de Juicio Político de la Cámara baja, en el proceso que se le sigue a los magistrados Horacio Rosatti (Presidente), Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, los diputados de Juntos por el Cambio (JxC) presentaron un documento denunciando la “ilegalidad” de la comisión y la mayoría de los opositores abandonaron el recinto; aunque algunos volvieron media hora después.
En el inicio de la declaración de Ramos, el diputado oficialista Rodolfo Tailhade consultó al juez federal cómo explica en términos jurídicos el concepto de ‘filtración’ de datos.
En ese sentido, Sebastián Ramos pidió que se lo dispense de declarar sobre puntos que ya están definidos en la resolución escrita de la causa.
Al respecto, el magistrado reiteró en más de una oportunidad: “No me voy a mover ni una palabra de la resolución” porque “no solamente me perjudica en lo personal que yo pueda hacer alguna modificación con lo que ya está escrito en la resolución, sino que también puede perjudicar el derecho de defensa a los involucrados en la causa”.
En otro pasaje de su declaración, Ramos sostuvo que “la violación a la intimidad puede ser llevada a cabo por actividad propiamente estatal o privada. Así se podría ver afectado la garantía de un particular”, sea o no funcionario público, aclaró.
El magistrado señaló que “dictar el archivo” de la causa “fue una medida urgente” y aclaró que “en esa causa se pudo habilitar la feria judicial porque se solicitaba medidas como el aseguramiento urgente de una medida de prueba”, como el allanamiento de un teléfono celular.
Al finalizar su declaración, Ramos negó tener algún tipo de relación y conocimiento con el asesor de Rosatti, Silvio Robles, y el ministro de Seguridad de la ciudad de Buenos Aires, Marcelo D’Alessandro.
Tailhade, en tanto, denunció en declaraciones a la prensa que “se filtraron chats entre D’Alessandro y Ramos, quien acabó de dar testimonio y negó cualquier tipo de vínculo y trato con D’Alessandro”.
Después de dos horas del inicio de la reunión, llegó el turno del juez federal Ramos Padilla, quien manifestó que “si lo que van a discutir acá es la utilización o no de las escuchas en un proceso de juicio político, quiero recordar que lo hicieron durante 3 años conmigo mientras llevaba varias causas”.
Al ser consultado por el legislador López si conocía al presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, respondió: “A Alberto Fernández no lo conozco. A la Vicepresidenta la vi dos veces en diferentes ámbitos como el velatorio de Alfredo Bravo en 2003, pero ella no me registró. A Axel Kicillof no lo conozco”.
Sobre la utilización de las escuchas ilegales como prueba en una causa judicial, Ramos Padilla recordó que durante la gestión anterior “se usó el espionaje ilegal a través de la Agencia de Inteligencia en operaciones que se montó para hacer persecución política en el penal de Ezeiza”.
Allí el diputado López planteó que esas intervenciones telefónicas “estaban autorizados por un juez”, lo que el diputado Leopoldo Moreau (FDT) aclaró que “lo que fue ilegal fue la circulación de la transcripción de esas conversaciones”.
“Conozco como se fraguaron esas escuchas y se intentaron blanquear. Por eso creo que la Corte tuvo una alta responsabilidad en como se estaba usando las escuchas en Argentina, ya que solo sacó una acordada en 2019 y no hizo una denuncia penal”, apuntó.
A diferencia de su colega Ramos, el magistrado federal platense consideró que “no es urgente” el archivo de una causa ni siquiera durante la feria judicial.
“Existe de cadena de favores en Comodoro Py en donde hay mucha gente que está comprometida y un juez resuelve una causa que le conviene y luego el otro y así se van archivando las causas”, argumentó el magistrado.
“Si no le ponemos un límite a esta relación entre los servicios inteligencia y el Poder Judicial, a este manejo de las escuchas, el abuso de autoridades, vamos a tener una república donde se van a perder los derechos individuales”, concluyó Alejo Ramos Padilla.
La convocatoria de ambos magistrados estuvo vinculada al capítulo judicial de la filtración de las supuestas conversaciones por chat a través de la red social Telegram atribuidas a Silvio Robles, colaborador del presidente de la Corte Suprema Horacio Rosatti, y Marcelo D´Alessandro, ministro de Seguridad y Justicia (en uso de licencia) de la Ciudad de Buenos Aires, en las que se referían a casos que estaban bajo estudio del máximo tribunal conocidos como “Consejo de la Magistratura” y “Coparticipación”.
Durante la jornada, la mayoría de las preguntas a Ramos fueron realizadas por los diputados del oficialismo, mientras que a Ramos Padilla las hicieron los legisladores de la Coalición Cívica que volvieron a la sala para “velar por el cumplimiento del debido proceso”, según dijeron.
Al cerrar la jornada, la diputada Myriam Bregman (FIT) señaló que “son escandalosas las escuchas ilegales en Argentina” mientras que el presidente del bloque del Frente de Todos (FDT), Germán Martínez, pidió citar como testigos a los fiscales Carlos Stornelli y María Laura Roteta.
Fuente: Télam
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Legisladores nacionales de Fuerza Patria y del Frente de Izquierda – Unidad presentaron una resolución en apoyo a los reclamos de los trabajadores.
La empresa ubicada en Tortuguitas, Lustramax, despidió a 22 trabajadores, incluidos dos delegados gremiales de la planta ubicada en el Parque Industrial de Tortuguitas, partido de Malvinas Argentinas. Ante esta situación, diputados del Frente de Izquierda y de Fuerza Patria expresaron su repudio por medio de un proyecto de resolución enviada a la Cámara Baja.
Según señalaron los legisladores, el conflicto se originó cuando la empresa impidió el ingreso de trabajadores sin notificación formal previa, lo que derivó en la resolución de un paro total de actividades votado en asamblea. De acuerdo a lo informado, se trató de despidos de hecho, al no mediar telegramas ni actos administrativos fehacientes.
En el texto se plantea:
– Rechazar todos los despidos y realizados ilegalmente. Junto con esto se produjo otro hecho gravísimo: el despido y negativa a que ingresen a sus puestos de trabajo de dos delegados con fueros gremiales, una violación a la legislación vigente y un ataque de enorme magnitud contra los derechos de los trabajadores.
– Repudiar la amenaza de desalojo a los trabajadores que se encuentran en la planta que tiene la empresa en el Parque Industrial de Tortuguitas, provincia de Buenos Aires, en defensa de sus puestos de trabajo. En este momento, la empresa se encuentra en la ilegalidad ya que planteó por escrito su negativa a cumplir con la conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo provincial y la reinstalación de todos los trabajadores.
– Rechazar la presencia de efectivos de la Gendarmería Nacional, en un accionar ilegal, el 15 de enero del corriente año con el objetivo de intimidar y amedrentar a los trabajadores. Al día de hoy no se conoce qué autoridad dispuso la presencia de una Fuerza Federal en territorio bonaerense, ya que ni el Juez de Garantías ni la fiscalía dieron orden alguna.
– Exigir la reinstalación de todos los despedidos, el cumplimiento de la conciliación obligatoria por parte de la empresa, el esclarecimiento del operativo de Gendarmería ya mencionado y reiterar el rechazo a todo tipo de violencia contra los trabajadores.
Los trabajadores informaron que Lustramax inició un Proceso Preventivo de Crisis (PPC), aunque cuestionaron que la firma no haya acreditado una situación económica que justifique los despidos.
El texto, que fue presentado a instancias del Frente de Izquierda, reúne las firmas de 15 diputadas y diputados de diferentes bloques. Lo firman: Myriam Bregman (Frente de Izquierda Unidad), Cecilia Moreau (Unión por la Patria), Esteban Paulón (Provincias Unidas), Mónica Frade (Coalición Cívica), Sergio Palazzo (Unión por la Patria), Paula Penacca (Unión por la Patria), Mario Manrique (Unión por la Patria), Hugo Yasky (Unión por la Patria), Eduardo Valdés (Unión por la Patria), Nicolás del Caño (Frente de Izquierda Unidad), Romina del Plá (Frente de Izquierda Unidad), Néstor Pitrola (Frente de Izquierda Unidad), Sabrina Selva (Unión por la Patria), Natalia Zaracho, (Unión por la Patria) y Juan Marino (Unión por la Patria).
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Por iniciativa del legislador nacional Juan Marino, la oposición buscará impulsar un pedido de Juicio Político en el Congreso.
El Bloque de Diputados de Unión Por La Patria presentará un pedido de Juicio Político contra el presidente de la Nación, Javier Milei, debido a su posición frente a la incursión militar de los Estados Unidos en Venezuela para detener a Nicolás Maduro y su posterior juicio en la ciudad de Nueva York.
La medida parlamentaria fue comunicada por el diputado Juan Marino, que pertenece al Partido Piquetero, alineado dentro de la coalición de Unión por la Patria. “Es un payaso que pretende ser Virrey en Latinoamérica”, dijo, al tiempo en el que señaló que el mandatario además “festejó el ataque terrorista de Trump y el secuestro de Maduro”.
Según los artículos 53, 39 y 60 de la Constitución Nacional, existen tres motivos principales a partir de los cuales se puede iniciar el proceso de juicio político contra un funcionario:
- – Mal desempeño de sus funciones: es la causa más común y subjetiva. No requiere un delito, sino que el Congreso considere que el funcionario ya no es apto para el cargo.
- – Delitos en el ejercicio de sus funciones: por ejemplo, actos de corrupción o abuso de autoridad.
- – Crímenes comunes: delitos que no tienen que ver con el cargo, como es el caso de un homicidio.
El pedido de Marino se extiende más allá de las fronteras locales. Rechazó las amenazas de Trump contra líderes como Gustavo Petro (Colombia), y mencionó advertencias contra Cuba, México y hasta Groenlandia. “Tenemos que desarrollar una coordinación regional para decir no a la guerra en América Latina“, sostuvo Marino, exigiendo al Congreso estadounidense que limite el accionar de Trump.
Con este anuncio, el peronismo más combativo busca escalar el conflicto internacional al plano legislativo local, poniendo a prueba la cohesión de la oposición en el Congreso ante un hecho que ha reconfigurado el mapa geopolítico sudamericano en pocas horas.
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El escrito fue enviado desde el Poder Ejecutivo y consiguieron 44 firmas de los 76 diputados presentes en la Cámara Baja.
En una nueva reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados, el legislador nacional Alberto “Bertie” Benegas Lynch confirmó el dictamen de mayoría para el proyecto de Inocencia Fiscal que fue impulsado por el Poder Ejecutivo y que plantea plantea cambios en el régimen penal tributario y en el esquema de declaración del impuesto a las Ganancias.
El dictamen de mayoría obtuvo 44 firmas sobre 76 presentes. Según los fundamentos del texto, el proyecto de ley está “orientado a la incorporación de reformas sobre Procedimiento Tributario y al Régimen Penal Tributario, en el marco del proceso de reconstrucción de la Nación Argentina y frente a la asfixiante carga fiscal que recae sobre el sector formal de la economía”.
Al comienzo de la reunión, la diputada Laura Rodríguez Machado (LLA), presidente de la Comisión de Legislación Penal, explicó que “durante el mes de noviembre en el recinto se procedió a avanzar en una media sanción de un proyecto que tiene también como objetivo subir los umbrales delictivos, en virtud de los cuales consideramos que una persona puede ser evasor fiscal o susceptible de una sanción tributaria”.
En representación del bloque de Unión por la Patria, el diputado Guillermo Michel (UxP) adelantó que la bancada opositora presentaría su propio dictamen de Inocencia Fiscal, “vinculado a la coherencia con el último proyecto aprobado por esta Cámara”.
Desde el bloque de La Libertad Avanza, la diputada Silvana Giudici (LLA) sostuvo que el proyecto del Ejecutivo “replica estos conceptos de dejar de perseguir a los perejiles, como se dice vulgarmente, para concentrar la persecución del Estado en los grandes evasores”.
Por otra parte, la diputada Romina Del Plá (FIT) adelantó que el bloque de izquierda también presentaría un dictamen de rechazo al texto de Inocencia Fiscal. “Quiero decir que las tres leyes que estamos tratando hoy tienen un denominador común, que es el contraste entre beneficios que se le dan a las patronales con el ataque a los trabajadores”, manifestó.
El Gobierno busca que el proyecto se trate antes de fin de año con el objetivo de acelerar los procesos en torno al objetivo de seguir engrosando las reservas del Banco Central con reformas en el régimen penal tributario, los procedimientos de fiscalización y la declaración jurada simplificada del Impuesto a las Ganancias, con el objetivo de simplificar trámites y reducir la carga administrativa.
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