Diputados
Juicio a la Corte: Declararon los jueces Ramos y Ramos Padilla
Los jueces federales dieron su testimonio en la Comisión de Juicio Político en la Cámara de Diputados en medio de una jornada de debates y enfrentamientos entre los legisladores, al punto que Juntos Por El Cambio se levantó y se marchó de la reunión.
Los jueces federales Sebastián Ramos (Ciudad de Buenos Aires) y Alejo Ramos Padilla (La Plata) brindaron hoy testimonio en la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados, en la primera de las audiencias testimoniales por el proceso contra los cuatro integrantes de la Corte Suprema de Justicia, impulsado por el presidente Alberto Fernández y gobernadores.
En el quinto encuentro de la Comisión de Juicio Político de la Cámara baja, en el proceso que se le sigue a los magistrados Horacio Rosatti (Presidente), Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, los diputados de Juntos por el Cambio (JxC) presentaron un documento denunciando la “ilegalidad” de la comisión y la mayoría de los opositores abandonaron el recinto; aunque algunos volvieron media hora después.
En el inicio de la declaración de Ramos, el diputado oficialista Rodolfo Tailhade consultó al juez federal cómo explica en términos jurídicos el concepto de ‘filtración’ de datos.
En ese sentido, Sebastián Ramos pidió que se lo dispense de declarar sobre puntos que ya están definidos en la resolución escrita de la causa.
Al respecto, el magistrado reiteró en más de una oportunidad: “No me voy a mover ni una palabra de la resolución” porque “no solamente me perjudica en lo personal que yo pueda hacer alguna modificación con lo que ya está escrito en la resolución, sino que también puede perjudicar el derecho de defensa a los involucrados en la causa”.
En otro pasaje de su declaración, Ramos sostuvo que “la violación a la intimidad puede ser llevada a cabo por actividad propiamente estatal o privada. Así se podría ver afectado la garantía de un particular”, sea o no funcionario público, aclaró.
El magistrado señaló que “dictar el archivo” de la causa “fue una medida urgente” y aclaró que “en esa causa se pudo habilitar la feria judicial porque se solicitaba medidas como el aseguramiento urgente de una medida de prueba”, como el allanamiento de un teléfono celular.
Al finalizar su declaración, Ramos negó tener algún tipo de relación y conocimiento con el asesor de Rosatti, Silvio Robles, y el ministro de Seguridad de la ciudad de Buenos Aires, Marcelo D’Alessandro.
Tailhade, en tanto, denunció en declaraciones a la prensa que “se filtraron chats entre D’Alessandro y Ramos, quien acabó de dar testimonio y negó cualquier tipo de vínculo y trato con D’Alessandro”.
Después de dos horas del inicio de la reunión, llegó el turno del juez federal Ramos Padilla, quien manifestó que “si lo que van a discutir acá es la utilización o no de las escuchas en un proceso de juicio político, quiero recordar que lo hicieron durante 3 años conmigo mientras llevaba varias causas”.
Al ser consultado por el legislador López si conocía al presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, respondió: “A Alberto Fernández no lo conozco. A la Vicepresidenta la vi dos veces en diferentes ámbitos como el velatorio de Alfredo Bravo en 2003, pero ella no me registró. A Axel Kicillof no lo conozco”.
Sobre la utilización de las escuchas ilegales como prueba en una causa judicial, Ramos Padilla recordó que durante la gestión anterior “se usó el espionaje ilegal a través de la Agencia de Inteligencia en operaciones que se montó para hacer persecución política en el penal de Ezeiza”.
Allí el diputado López planteó que esas intervenciones telefónicas “estaban autorizados por un juez”, lo que el diputado Leopoldo Moreau (FDT) aclaró que “lo que fue ilegal fue la circulación de la transcripción de esas conversaciones”.
“Conozco como se fraguaron esas escuchas y se intentaron blanquear. Por eso creo que la Corte tuvo una alta responsabilidad en como se estaba usando las escuchas en Argentina, ya que solo sacó una acordada en 2019 y no hizo una denuncia penal”, apuntó.
A diferencia de su colega Ramos, el magistrado federal platense consideró que “no es urgente” el archivo de una causa ni siquiera durante la feria judicial.
“Existe de cadena de favores en Comodoro Py en donde hay mucha gente que está comprometida y un juez resuelve una causa que le conviene y luego el otro y así se van archivando las causas”, argumentó el magistrado.
“Si no le ponemos un límite a esta relación entre los servicios inteligencia y el Poder Judicial, a este manejo de las escuchas, el abuso de autoridades, vamos a tener una república donde se van a perder los derechos individuales”, concluyó Alejo Ramos Padilla.
La convocatoria de ambos magistrados estuvo vinculada al capítulo judicial de la filtración de las supuestas conversaciones por chat a través de la red social Telegram atribuidas a Silvio Robles, colaborador del presidente de la Corte Suprema Horacio Rosatti, y Marcelo D´Alessandro, ministro de Seguridad y Justicia (en uso de licencia) de la Ciudad de Buenos Aires, en las que se referían a casos que estaban bajo estudio del máximo tribunal conocidos como “Consejo de la Magistratura” y “Coparticipación”.
Durante la jornada, la mayoría de las preguntas a Ramos fueron realizadas por los diputados del oficialismo, mientras que a Ramos Padilla las hicieron los legisladores de la Coalición Cívica que volvieron a la sala para “velar por el cumplimiento del debido proceso”, según dijeron.
Al cerrar la jornada, la diputada Myriam Bregman (FIT) señaló que “son escandalosas las escuchas ilegales en Argentina” mientras que el presidente del bloque del Frente de Todos (FDT), Germán Martínez, pidió citar como testigos a los fiscales Carlos Stornelli y María Laura Roteta.
Fuente: Télam
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Redacción Sesionar
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En una victoria para La Libertad Avanza, lograron dictaminar el proyecto que elaboró el Ministerio de Economía con el foco puesto en el déficit cero.
En una nueva reunión en la comisión de Presupuesto y Hacienda, con “Bertie” Benegas Lynch como presidente en reemplazo de José Luis Espert, el oficialismo logró dictamen de mayoría para el proyecto del Presupuesto 2026 enviado desde el Poder Ejecutivo con vistas a endurecer el camino al déficit cero.
El gobierno logró sumar el respaldo de siete diputados de LLA, seis de PRO, el radical misionero Martín Arjol, la sanjuanina Nancy Picón Martínez y el apoyo con disidencia de Rodrigo de Loredo, Martín Tetaz y Lisandro Nieri por la UCR y Pamela Calletti y Carlos Fernández por Innovación Federal.
Además, se firmaron otros tres dictámenes de minoría, el de Unión por la Patria, con 20 firmas; el de los bloques Encuentro Federal, el MID y de Democracia para Siempre, con seis firmas; y el del Frente de Izquierda, con una.
Defendiendo el proyecto del Poder Ejecutivo, Julio Moreno Ovalle (LLA) explicó que, entre otras, las prioridades del proyecto “son el equilibrio fiscal sostenido, el acompañamiento social sin intermediarios, equipamiento y modernización en Seguridad y Defensa, desregulación y transformación del Estado”. Asimismo, señaló que “para el año que viene el presupuesto tiene un aumento de 5.49% en relación a la inflación, y apunta fundamentalmente a tener inversiones para reactivar la economía”.
De Encuentro Federal, Oscar Agost Carreño, manifestó que presentarán “un dictamen con modificaciones y alternativo al del oficialismo, corrigiendo varias irregularidades, el cual consideramos una alternativa responsable y equilibrada, que respeta el equilibrio fiscal, mantiene el superávit, redefinimos prioridades, protegiendo la inversión social, la educación pública, la salud infantil, la inclusión de las personas con discapacidad y protegemos el patrimonio estratégico de la Nación”.
El diputado Carlos Heller (UxP), a su turno, informó que presentarán un dictamen “de rechazo total” al presupuesto enviado al Poder Ejecutivo “a partir de una cantidad de objeciones conceptuales al considerar que avanza en consolidar el modelo de ajuste fiscal, la idea del estado ausente y dejando a la mayor discrecionalidad del manejo de los recursos”. “Es un proyecto que está en las antípodas de las políticas que entendemos necesarias para superar la situación que vive la Argentina”, afirmó.
Desde el mismo bloque, Germán Martínez afianzó la idea de que “el proyecto de presupuesto, así como está, no parece darle a la Argentina las herramientas necesarias para alcanzar un camino de recuperación de la actividad económica y, por lo tanto, la actividad productiva y el empleo”.
El proyecto de presupuesto del gobierno estima una inflación de 10,1% para el 2026 y, según fuentes oficialistas, destina el 85% de sus partidas a educación, salud y jubilaciones. El gobierno informó que el Presupuesto diseñado para el 2026 asigna 4.8 billones de pesos a las universidades nacionales y el gasto en educación aumenta un 8% por encima de la inflación; aumenta el gasto en jubilaciones un 5% en términos reales y dispone que se ajusten por IPC;aumenta la inversión en salud un 17% por encima de la inflación, con un incremento del 23 % para el Garrahan y un aumento del 5% por encima de la inflación para discapacitados.
Redacción Sesionar
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El flamante ministro de relaciones exteriores y culto expuso sobre los alcances de las partidas presupuestarias 2026 en torno a su anterior cartera: La secretaría de Finanzas.
En la reunión de la comisión de Presupuesto y Hacienda en Diputados, presidida por el diputado de La Libertad Avanza, “Bertie” Benegas Lynch, el flamante canciller Pablo Quirno expuso en una nueva reunión informativa a los efectos de continuar con las exposiciones de los funcionarios nacionales sobre los lineamientos principales del proyecto de Ley de Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio Fiscal del año 2026.
Al inicio de su exposición, Quirno realizó un repaso de lo que ha ocurrido con la deuda en el último año y de lo que va de la gestión del presidente Milei. “Al comienzo, el nivel de deuda era de aproximadamente 485 mil millones de dólares. La deuda del Tesoro a noviembre de 2023 ascendía a 266 mil millones de dólares, que se le agrega la deuda en pesos, lo que termina siendo la deuda bruta de dicho organismo”.
“Una de las principales prioridades que tiene el Gobierno es recuperar la credibilidad de los diferentes agentes que actúan en la economía, donde honrar las obligaciones es muy importante”, expresó Quirno, quien luego sintetizó: “Desde noviembre de 2023, el gobierno del presidente Milei limpió 61 mil millones de dólares equivalente que teníamos en el Banco Central, y se capitalizó el Banco Central en reservas con el programa del FMI firmado en abril del 2025, un programa inédito para la Argentina”, especificó el funcionario.
Tras la primera tanda de consultas realizadas por los diputados Christian Castillo (Frente de Izquierda Unidad), Lisandro Nieri (UCR), Itai Hagman (UxP), Nicolás Mayoraz (LLA) y Julia Strada (UxP), Quirno aseguró que “es virtuoso tomar deuda para realizar los proyectos que tiene que realizar una compañía y/o país”. “A partir de diciembre de 2023, el déficit en Argentina desapareció y no necesitamos tomar nueva deuda; sí, lo que necesitamos administrar de la mejor manera posible las obligaciones ya existentes”, ratificó.
Con respecto a la decisión de Estados Unidos de apoyar a la Argentina en momentos de alta incertidumbre política de los últimos meses, el actual Canciller manifestó que “no hay absolutamente ninguna condicionalidad con respecto al apoyo. La única condición expresa que nos han hecho es que, si la Argentina continúa en este camino de ordenar sus cuentas públicas y lo mantiene en el tiempo, si se encuentra con alguna facilidad, puede contar con los Estados Unidos para apoyarlo”, detalló.
Con respecto a las reservas, el ex Secretario de Finanzas subrayó que “este gobierno ha sido el que más reservas ha comprado en la historia, 26 o 27 mil millones de dólares, desde el comienzo del gobierno, lo que representa el doble del gobierno que nos sigue. Al no tener credibilidad, y al no poder acceder al mercado, esos dólares terminan siendo devueltos a pagar”.
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El Secretario de Educación y el Subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, expusieron ante la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados.
En una nueva jornada de exposición en la comisión de Presupuesto y Hacienda en la Cámara de Diputados, el secretario de Educación, Carlos Torrendell, y el Subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, confirmaron que no aplicarán la Ley de Financiamiento Universitario que fue aprobada por ambas cámaras.
Los funcionarios aseguraron que las partidas de fondos para educación para el año que viene registrarán un 10% de aumento en términos reales y que las universidades podrán “cubrir todas sus necesidades”, sin necesidad de aplicar la ley reclamada.
“Nosotros no íbamos a incurrir en un acto de ilegalidad al financiar una ley que no tuviera perfectamente claro cuál era su fuente de financiamiento”, dijo Álvarez. E ironizó: “Por más que el Parlamento vote por la derogación de la ‘Ley de Gravedad’, salimos afuera y la gravedad sigue existiendo”.
Por su parte, el subsecretario, pretendió desmentir algunos argumentos esgrimidos desde la oposición: «Quiero traerles una buena noticia, ya que muchos expresaron preocupación: no se cerró ninguna universidad. Tampoco hay un éxodo de docentes en una crisis total”. Añadió: “Se ha aprobado la incorporación de prácticamente el 100% de las demandas de las universidades para completar los cargos no docentes. Por lo tanto, no hay ningún ajuste con despidos, como la campaña sistemática del miedo habían instalado”.
En cuanto a los alcances del Presupuesto 2026, el funcionario indicó que “refleja el paso de una política educativa centrada en la estructura, en los recursos, en los dispositivos, a una política educativa centrada en las personas, en los que enseñan y en los que aprenden”.
Asimismo, Álvarez explicó que el incremento del Presupuesto 2026 “va a llegar a los 4.8 billones, representando un 14% respecto a lo ejecutado en el 2025, que va a cubrir todas las necesidades que tienen las universidades para funcionar”.
En este sentido, también remarcó que la actual gestión busca “fortalecer aquellas carreras que tienen un vínculo directo con la formación de capital humano”, razón por la cual se aprobaron “la totalidad de los proyectos sobre nuevas ingenierías”. “En la ciudad de Bahía Blanca, que es un polo petroquímico, nunca se había desarrollado una Tecnicatura en Petróleo”, ejemplificó.
Durante la reunión, también estuvo presente María Inés Brogin, Subsecretaria de Gestión Administrativa de Educación del ministerio de Capital Humano.
Redacción Sesionar
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