Los periodistas fueron a exponer a la comisión de Libertad de Expresión luego de que el juez Maraniello prohibiera la difusión de los audios de Karina Milei por presunta corrupción.

La oposición se autoconvocó en la comisión de Libertad de Expresión en la Cámara de Diputados luego de que la Justicia ordenara allanar el canal de streaming “Carnaval” tras la difusión de los audios de Karina Milei y de Diego Spagnuolo, ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad, por una presunta estructura de coimas. Por su parte, la presidenta de la comisión, la libertaria Emilia Orozco, rechazó la reunión.

“Hace un año que la diputada Emilia Orozco no convoca a la comisión de Libertad de Expresión. Es un modus operandi que tiene el oficialismo”, explicó el vicepresidente del cuerpo Christian Castillo al inicio de la reunión. Sin embargo, dado que la convocatoria no fue dispuesta por las autoridades de la comisión, la oposición no estaba habilitada paradictaminar ningún tipo de proyecto.

La última vez que el cuerpo se reunió había sido en septiembre de 2024 con representantes del Sindicato de Prensa (SIPREBA). Desde entonces, múltiples pedidos formales para volver a sesionar fueron ignorados, lo que llevó incluso a un proyecto opositor para remover a Orozco de la presidencia.

Por eso, el objetivo de la convocatoria fue simplemente respaldar públicamente y escuchar a los periodistas apuntados en la denuncia del Gobierno. El primero en tomar la palabra fue Jorge Rial, quien denunció una operación de persecución por parte del aparato estatal y adelantó que mañana difundirá nuevas pruebas de irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad.

“Lejos de callarnos, mañana vamos a mostrar más investigaciones sobre esto. Vamos a mostrar más pruebas, porque los audios los pone muy nerviosos. Lo importante es la documentación que tenemos. Vamos a mostrar cómo de manera aleatoria, casi como si fuera una rueda de la fortuna, se incentivaba a los empleados de la repartición a bajar subsidios para discapacitados y el que más bajaba, más plata se llevaba”, adelantó Rial.

A su turno, el periodista Mauro Federico comenzó por aclarar que no tiene relación con los servicios de inteligencia. “No tengo ningún contacto con algún servicio de inteligencia bolivariano y al único ruso que conozco es a Ricardo Zielinski cuando dirigió Racing”.

Entre los legisladores presentes, Christian Castillo advirtió: “Nosotros nos podemos reír de la presentación de Patricia Bullrich, pero la realidad es que intenta que un juez lo use para hacer espionaje ilegal y amedrentar. No es menor esto. Ideas disparatadas que encuentran algún vehículo en el Poder Judicial”.

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Uno de los artículos establece que los funcionarios que no acudan a las citaciones podrían ser convocados por medio de la “fuerza pública”.

Continúa el desarrollo de la comisión investigadora luego de que los integrantes eligieran al titular de las reuniones: el diputado nacional por la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro. Ahora, los legisladores nacionales de la Cámara Baja aprobaron el reglamento interno que, en uno de sus puntos, establece que buscan convocar funcionarios utilizando la “fuerza pública” y apuntan a Karina Milei y José Luis Espert .

A pesar de que el oficialismo se retiró de la última reunión advirtiendo que iba a impugnar la continuidad del espacio, sus 14 representantes estuvieron presentes. La Libertad Avanza dejó en reserva la Vicepresidencia, que continúa vacante.

La definición del reglamento fue el principal motivo de la convocatoria, que causó controversias en el oficialismo porque habilita a convocar -con el uso de la fuerza pública, si fuera necesario, pero con “asistencia letrada a su costa”- a funcionarios y ciudadanos alcanzados por la investigación.

En ese marco, la oposición busca determinar el grado de participación y la responsabilidad política de funcionarios como Karina Milei, Manuel Adorni y Guillermo Francos. “En ningún caso podrá reemplazarse por un informe escrito”, señala el documento, en relación a las citaciones, que se harán por tandas. Los convocados tienen cinco días para responder.

Al comienzo de la reunión, la diputada Sabrina Selva (UxP) dijo que “el Reglamento que estamos aprobando es una herramienta muy importante no sólo para poner en funcionamiento la Comisión, sino para garantizar su funcionamiento”.

Desde la bancada de La Libertad Avanza, el diputado Álvaro Martínez (LLA) criticó haber “recibido con muy poco tiempo el borrador del Reglamento de la Comisión: no hemos podido analizarlo y nos gustaría poder analizarlo con más profundidad”. En tanto, dijo que la oposición buscaba “hacer un Poder Judicial paralelo” y reiteró que fueron concluidos los plazos de funcionamiento de la Comisión. “Están intentando ensuciar al gobierno con una Comisión que no tiene razón de ser, han ido por un paso más y lo primero que hacen es violar la división de poderes”.

En similar sentido se expresó la diputada Silvana Giudici (PRO), quien enunció que “este Reglamento excede las atribuciones de la propia Resolución que crea la Comisión”. “No hay ninguna facultad para que el Congreso pueda ejercer facultades por encima de la garantía del juez”, aseveró. 

A su vez, Unión por la Patria pidió que se contemplen pruebas para incluir a José Luis Espert entre las citaciones, luego de las suspicacias provocadas por un presunto hackeo a sus redes sociales, en donde continúa vigente la difusión de un meme coin llamado $LIBRA 2. Sus fueros implican un tratamiento especial, pero se remitirán oficios al juzgado que ya tiene la causa.

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La Libertad Avanza advirtió que no participará de las reuniones y se retiró del plenario con el resto de los legisladores nacionales.

La oposición logró poner en funcionamiento una de las comisiones congeladas por su repercusión mediática: La del Caso $Libra. El diputado de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, se quedó con la presidencia de la comisión especial que solo mantuvo una reunión informativa en cinco meses.

Desde su creación, aprobada en el recinto a principio de abril, la comisión quedó paralizada por un empate técnico: 14 integrantes querían investigar a fondo a Milei (6 de UxP, 2 de EF, 2 de DpS, 2 de la CC y 2 del FIT/NyP) y otros 14 integrantes no tenían intenciones de que el tema siga escalando (4 de LLA, 4 PRO/MID, 2 UCR, 2 UCR libertaria y 2 de Innovación Federal).

Como oficialismo y oposición quedaron en igualdad de fuerzas, nunca se pudo elegir a un presidente y la comisión no avanzó en la investigación. Apenas se hizo una reunión informativa con especialistas en informática.

Una vez electo Maximiliano Ferraro como presidente de la comisión investigadora, Gabriel Bornoroni, presidente del bloque de Diputados de La Libertad Avanza, remarcó que el oficialismo no participará de las reuniones: “Se está vulnerando la representación de las mayorías y las minorías, en un mecanismo que va a dejar un precedente que vamos a impugnar”.

También se opuso a la designación la diputada del PRO, Silvana Giudici, que señaló “aspectos reglamentarios y políticos” para rechazar el nombramiento. “En cuanto al aspecto reglamentario, el plazo está terminado, el 30 de julio se cumplieron los tres meses establecidos, solo quedaba la presentación de los informes”, dijo la diputada del PRO.

Asimismo, se designó al diputado Juan Marino (UxP) como secretario de la Comisión y se determinó que las reuniones se realizarán los martes a las 16. 

La criptomoneda $Libra fue promocionada el día de su lanzamiento por el presidente Milei y su precio escaló abruptamente para luego caer de forma repentina. Esta maniobra, conocida como rug pull (“tirón de la alfombra”) permite que quienes vendieron sus tenencias durante la escalada de precios obtengan considerables ganancias, al tiempo que perjudica a quienes ingresaron tarde (cerca del derrumbe).

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