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La Cámara de Diputados retomó su actividad con foco en el juicio a la Corte Suprema

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La Cámara Baja retomó ayer su agenda parlamentaria para el tratamiento de la veintena de temas incluidos por el Poder Ejecutivo en la agenda de sesiones extraordinarias.

La Cámara de Diputados volvió a la actividad parlamentaria, mientras referentes del oficialismo y de Juntos por el Cambio (JxC) intentan retomar el diálogo tras las fallidas convocatorias de diciembre pasado y en el marco del cuestionamiento opositor al proyecto de juicio político a la Corte Suprema.

La inclusión en el temario de sesiones extraordinarias del pedido de Juicio Político a los miembros de la Corte Suprema, del proyecto sobre la composición del Consejo de la Magistratura y del que establece la ampliación numérica del máximo tribunal judicial pusieron en alerta a JxC.

La principal bancada opositora se niega a tratar el resto de los temas debido a lo que consideran “un ataque a la Corte y a la institucionalidad” por parte del Gobierno, a partir de las profundas diferencias que separan a ambos espacios en relación a los temas relacionados con la Justicia.

Desde el sector parlamentario del Frente de Todos (FdT) sostienen, en cambio, que “la intención de JxC es paralizar el Congreso, sea con ese o con otro argumento”, y recuerdan que “en diciembre hicieron fracasar dos sesiones que incluían temas como la creación de universidades y la moratoria previsional”.

Durante las últimas semanas -previo a la presentación del pedido de juicio a los ministros de la Corte- se habían comenzado a producir algunos diálogos informales entre referentes del oficialismo y JxC, aunque sin acuerdos a la vista.

Según fuentes parlamentarias se había avanzado en algunos pedidos de disculpas recíprocos en relación a lo sucedido en la bochornosa sesión del 1 de diciembre que terminó entre gritos, insultos y hasta algún gesto obsceno entre los propios diputados.

De esa sesión surgieron pedidos de expulsiones cruzados que involucraron a media docena de diputados de ambos sectores, y que días después sumaron una presentación similar realizada por el FdT sobre Gerardo Milman (PRO) por sus supuestos vínculos con el atentado contra la vicepresidenta Cristina Fernández y por las contrataciones irregulares de numerosas asesoras en el Ministerio de Seguridad cuando se desempeñaba en esa estructura.

A la negativa de JxC a participar del resto de la agenda por estar en contra de la inclusión de los temas relacionados con la Justicia respondió el oficialista Eduardo Valdés: “Dicen que se van a sentar en la Comisión de Juicio Político, pero porque nosotros hacemos el juicio político no se van a sentar para el resto de los temas. Hay una incongruencia. Parece que necesitan ser los abogados de los jueces de la Corte”.

Por el andarivel del medio, el presidente del interbloque Federal, Alejandro “Topo” Rodríguez, resumió: “Aparentemente se estaría imponiendo una lógica dura en temas institucionales y eso impedirá que se logren consensos en algunos temas que impulsa el Ministerio de Economía. No es un problema de la oposición; debe resolverlo el Gobierno”.

Ese conglomerado de ocho diputados es nada menos que la tercera fuerza de la Cámara, y es clave para destrabar cualquier iniciativa resistida por algunos de los dos bloques-interbloques mayoritarios.

En este escenario todo parece indicar que la actividad parlamentaria se retomará el miércoles 25 o el jueves 26 con la puesta en marcha de la comisión de Juicio Político, uno o dos días después de la Cumbre de la CELAC que convocará en Buenos Aires a otros presidentes de la región.

La idea es comenzar uno de esos dos días y realizar, al menos, dos reuniones por semana entre lo que resta de enero y fines de marzo, aproximadamente, para recabar las pruebas relacionadas con los pedidos de enjuiciamiento a los ministros de la Corte.

Al menos hasta el 1 de marzo, que se inicia el período de sesiones ordinarias, el oficialismo debe buscar consensos para tratar el temario de extraordinarias, en el que, más allá de los temas referidos a la Justicia, prevalece la agenda económica impulsada por el ministro de Economía, Sergio Massa.

Ese temario incluye proyectos sobre blanqueo de capitales, la promoción de nuevas energías e inversiones con valor agregado en el sector energético y el llamado ‘Monotributo Tech’, iniciativas de inminente presentación parlamentaria.

También desde el Ministerio de Economía esperan el proyecto referido a la ley agroindustrial; el que actualiza legislación contra el lavado de activos; el que establece la modificación del Indec y el que prevé algunas reasignaciones en el Presupuesto 2023, cuestión relacionada con el fallo de la Corte referido a la coparticipación.

En caso de sumar consensos, los diputados oficialistas volverán a insistir con los proyectos de moratoria previsional y de creación de universidades, que estaban en el temario de la fallida sesión del 21 de diciembre, última jornada en que los legisladores se vieron las caras en el recinto.

Otros proyectos que integran el paquete que deberá abordar la Cámara baja -unos ocho corresponden al Senado- son el que establece la creación del Parque Nacional El Palmar; el que aprueba el Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 2030; el que pone en marcha el Programa Federal Único de Informatización y Digitalización de Historias Clínicas y el que prevé un régimen previsional especial para brigadistas.

Fuente: Télam

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La Cámara de Diputados le dio media sanción al nuevo Régimen Penal Juvenil con amplio debate

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El controversial proyecto fue aprobado con 137 votos a favor, 5 en contra y hubo solo una abstención.

La Cámara de Diputados de la Nación Argentina aprobó en sesión pública especial la media sanción del proyecto de nuevo Régimen Penal Juvenil, una iniciativa que modifica las normas que regulan la responsabilidad penal de adolescentes y plantea una nueva estructura para la implementación de políticas públicas orientadas a la justicia juvenil. El debate en el recinto fue intenso y contó con intervenciones de representantes de distintos bloques políticos.

Con 137 votos a favor, 5 en contra y 1 abstención, el proyecto obtuvo el respaldo mayoritario de las y los legisladores, quienes destacaron la importancia de modernizar el sistema y adaptarlo a estándares internacionales, priorizando la reinserción social y el respeto a los derechos humanos.

Durante la discusión, la diputada Romina del Plá (FIT-U) manifestó su apoyo crítico al proyecto y remarcó que “es imprescindible discutir un nuevo régimen que no sea punitivista, sino que contemple políticas sociales de fondo para abordar las causas que llevan a los adolescentes a confrontar con la ley penal”. También agregó que “las respuestas deben ser integrales, con enfoque en educación, salud mental y desarrollo comunitario”.

Por su parte, el diputado Walberto Allende (Frente de Todos) enfatizó que el nuevo Régimen Penal Juvenil “establece criterios de responsabilidad progresiva que respetan la condición de desarrollo de los y las adolescentes, equilibrando justicia y garantías constitucionales”. Allende sostuvo que la reforma propone una “adecuación necesaria que pone el foco en la reinserción y en la prevención”.

En el mismo sentido, el diputado Luis Pastori (UCR-JxC) afirmó que “este nuevo marco legal significa avanzar hacia una justicia más humanitaria y eficaz”, y destacó que se trata de “una herramienta que brinda respuestas adecuadas a situaciones complejas, sin perder de vista el interés superior del niño y la adolescente”.

Si bien la media sanción contó con amplio respaldo, también hubo voces que plantearon críticas y reservas. Algunos legisladores señalaron la importancia de garantizar recursos concretos para la implementación de políticas efectivas que acompañen la entrada en vigencia de la nueva normativa, advirtiendo que sin inversión en programas sociales y educativos la reforma puede quedar solo en papel.

Legisladores opositores también expresaron inquietudes sobre aspectos operativos del proyecto, reclamando mayor claridad en los mecanismos de seguimiento, evaluación y financiamiento que permitan asegurar su aplicabilidad en todo el territorio nacional.

Con la media sanción obtenida en Diputados, el nuevo Régimen Penal Juvenil continuará su recorrido legislativo en la Cámara de Senadores, donde será analizado y debatido con posibilidad de modificaciones. El objetivo declarado por sus impulsores es que el texto final incorpore aportes que fortalezcan la protección de derechos y promuevan políticas de inclusión para adolescentes en conflicto con la ley penal.

Redacción Sesionar

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El acuerdo Mercosur-Unión Europea obtuvo dictamen en un plenario de comisiones de Diputados

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El acuerdo se realizó en el plenario que integraron las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto, Legislación General y la de Industria, Comercio y Mercado Interno.

En un paso clave para la inserción internacional de la Argentina, el histórico acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea obtuvo dictamen favorable en un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados de la Nación. La decisión permite avanzar hacia la posible aprobación del tratado, que promete transformar las relaciones económicas y comerciales entre los bloques regionales más importantes del hemisferio occidental y el europeo.

El plenario, integrado por las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto; Legislación General; y de Industria, Comercio y Mercado Interno, dio dictamen luego de un intenso análisis de los aspectos técnicos, comerciales y legales del acuerdo. El proyecto contó con el respaldo de representantes de distintos espacios políticos, quienes destacaron la importancia de este instrumento para potenciar las exportaciones argentinas y generar nuevas oportunidades de inversión.

El tratado entre el Mercosur —que agrupa a Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay— y la Unión Europea había sido negociado durante casi veinte años y fue considerado históricamente estratégico tanto para la región sudamericana como para Europa. A través de una reducción gradual de aranceles y la apertura de mercados, el acuerdo busca estimular el comercio bilateral, mejorar el acceso a bienes y servicios y consolidar la integración económica global.

Los diputados que acompañaron el dictamen resaltaron que, para que el acuerdo genere beneficios reales, será necesario implementar políticas que apoyen a sectores productivos nacionales y que faciliten la adaptación de las industrias locales a la mayor competencia internacional. En ese sentido, varios legisladores propusieron la creación de mesas de trabajo destinadas a monitorear los efectos del tratado una vez que entre en vigencia.

En el contexto político actual, el despacho favorable del plenario de comisiones también fue interpretado como un mensaje de articulación entre distintas fuerzas legislativas para abordar temas de alcance estratégico nacional. La expectativa ahora se traslada al debate en el recinto, que definirá si el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea recibe la aprobación final por parte de los representantes de la ciudadanía.

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Extraordinarias: avanza la conformación de comisiones en la Cámara de Diputados

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Se designaron las autoridades de las Comisiones de Familias, Niñez y Juventudes; Justicia; Asuntos Constitucionales; Legislación del Trabajo; Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano; Relaciones Exteriores y Culto; y Mercosur.

La Cámara de Diputados de la Nación continúa con el desarrollo de sus actividades parlamentarias a paso firme: en el marco del período de sesiones extraordinarias, los bloques políticos avanzaron en la conformación de comisiones internas clave para el tratamiento de temas prioritarios del gobierno nacional y la agenda legislativa de los próximos meses.

Durante las últimas jornadas se realizaron reuniones de labor parlamentaria en las que los espacios representativos de las distintas fuerzas consolidaron acuerdos para distribuir presidencias y vicepresidencias de las comisiones más relevantes de la cámara baja. Estos equipos de trabajo, constituidos por legisladores y legisladoras de diferentes fuerzas políticas, serán fundamentales para dictaminar sobre proyectos vinculados a economía, seguridad, salud, educación y obras públicas, entre otros.

Con miras a fortalecer el funcionamiento institucional, los diputados destacaron la importancia de avanzar con la integración de estas comisiones en un contexto donde se espera un alto volumen de iniciativas que requieren análisis técnico y político previo antes de llegar al recinto de sesiones.

La conformación de comisiones representa un paso esencial para dinamizar el flujo legislativo en la cámara baja. Sin comisiones integradas, muchos proyectos de ley no pueden avanzar o recibir dictamen, lo que ralentiza el debate y la posibilidad de alcanzar acuerdos transversales en temas de interés general.

Entre las comisiones que ya se encuentran en etapa de integración se cuentan las vinculadas con Asuntos Constitucionales, Presupuesto y Hacienda, Seguridad Interior, Salud y Familia, Trabajo y Previsión Social, y Educación. Cada una de ellas tendrá a cargo el análisis de iniciativas presentadas tanto por el Poder Ejecutivo como por legisladores y legisladoras de todos los bloques políticos.

Representantes de distintos espacios destacaron que la dinámica de las últimas sesiones muestra un clima de diálogo y consensos parciales que posibilitarán un funcionamiento más eficiente del cuerpo legislativo. A su vez, resaltaron la necesidad de trabajar con celeridad y responsabilidad frente a temas de fuerte impacto ciudadano, como políticas sociales, estrategias económicas para el crecimiento y la generación de empleo.

El avance en la conformación de las comisiones se da en paralelo con un calendario político que plantea desafíos importantes de aquí al receso legislativo. El oficialismo busca consolidar su agenda con apoyo legislativo, mientras que las oposiciones buscan articular propuestas alternativas que puedan debatirse y enriquecerse en el seno de las comisiones recién constituidas.

La Cámara de Diputados permanecerá en sesiones extraordinarias hasta mediados de febrero, un período que será clave para avanzar en proyectos de relevancia nacional y regional. La conformación de comisiones habilita el inicio formal de debates que podrían influir tanto en la economía como en las políticas sociales y de infraestructura que enfrenta el país en 2026.

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