A pesar de la aprobación en ambas cámaras, el presidente Javier Milei podrá vetar los proyectos en los próximos días.

Luego de una sesión maratónica, la Cámara del Senado aprobó dos proyectos que apuntan contra el plan económico del Gobierno Nacional y que fueron bandera de los movimientos sociales en las manifestaciones afuera del Congreso: la declaración de emergencia sanitaria en pediatría y la actualización del presupuesto universitario. Javier Milei prepara los vetos con el objetivo de mantener el equilibrio fiscal.

Por un lado, la Cámara Alta convirtió en ley el proyecto que otorga y actualiza fondos a las universidades nacionales por 58 votos afirmativos, 10 negativos y 3 abstenciones, y otorgó un duro golpe al gobierno de Javier Milei, que rechazaba esa iniciativa. La iniciativa -que cosechó adhesiones en Unión por la Patria, la Unión Cívica Radical (UCR), parte del PRO y bloques provinciales- fue redactada por los rectores del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y eleva el presupuesto al 1 por ciento del PBI.

Los recursos obtenidos se utilizarán para el funcionamiento de establecimientos universitarios, hospitales universitarios, Ciencia y Técnica, actividades de Extensión Universitaria. La Auditoría General de la Nación (AGN) realizará el control administrativo externo de las instituciones universitarias de gestión estatal y remitirá al Congreso los informes producidos y el plan de seguimiento y control.

Sobre la recomposición salarial que debe otorgar el Gobierno compensará las diferencias entre los aumentos otorgados y la inflación desde el 1 de diciembre del 2023 a la fecha de sanción de la ley y que exista luego una actualización bimestral no menor a la variación del índice de Precios al Consumidor.

Por otro lado, otro de los golpes parlamentarios que recibió el oficialismo fue la aprobación de la ley que declara la emergencia sanitaria en pediatría, por lo que el presupuesto del Hospital Garrahan será actualizado. El proyecto fue aprobado por 62 votos afirmativos y ocho negativos.

El dictamen con luz verde del Congreso fija que las autoridades deberán garantizar “el acceso efectivo, oportuno, equitativo y de calidad a los servicios de salud pediátrica, asegurar el funcionamiento adecuado de los hospitales públicos de atención pediátrica y proteger los derechos a la salud y a la vida de niños, niñas y adolescentes”.

Otro punto clave es que se exhorta al Ministerio de Salud a efectuar “la recomposición inmediata de los salarios del personal de salud asistencial y no asistencial que atiende a la población pediátrica, incluyendo a los residentes nacionales”. También exime al personal de salud del pago de ganancias cuando desempeñan “actividades críticas, horas extras y/o guardias”.

Además, dispone que el Poder Ejecutivo reasignará partidas presupuestarias correspondientes al Ministerio de Salud, dentro del ejercicio fiscal vigente, y podrá ampliar los recursos mediante el uso de reservas destinadas a contingencias sanitarias.

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Mientras en Diputados debaten algunos de los proyectos ligados a la reestructuración de la Ciencia y la Tecnología en el país, en el Senado se reunieron especialistas para exponer sobre la situación actual en el área científica.

En una reunión que tuvo lugar en el Salón Arturo Illia, investigadores, científicos y trabajadores del INTI, INTA y CONICET expusieron sus preocupaciones por la situación actual de la comunidad científica ante la existencia de los decretos 462/25 y 477/25, que modifican la autonomía y establecen la reestructuración de los organismos. 

El comienzo de la exposición estuvo a cargo de Carlos Robles, INTA-Director de becarios y tesistas, quien reivindicó al organismo: “Es quien asegura la soberanía alimentaria en nuestro país, porque además de generar conocimiento, genera tecnologías que permiten que en nuestro país se produzca más y de mejor calidad”.

Por su parte, la Dra. Lidia Szczupak, CONICET, dijo que “todos los grupos de investigación están siendo pauperizados. El decreto propone un cambio drástico convirtiendo al CONICET en un simple enlace entre la comunidad científica y el sector productivo. Desestima por completo el rol de la Agencia que ha venido cumpliendo en términos de investigación científica”.

Finalmente, el licenciado Fernando Yapur, investigador del INTI, afirmó que “esta actividad no es abstracta. Tiene un impacto económico correcto en la vida cotidiana, en sectores estratégicos como las balanzas cerealeras, donde se mejoró el margen de error de 7 kg a 1 kg y generó un ahorro estimado en más de 100 millones de dólares; en los surtidores de combustibles para que se entreguen exacto, reduciendo el error de 60 ml a 40 ml cada 20 lt, lo que representa un ahorro anual de 13 millones de dólares; y en la eficiencia energética, que tras el cambio de las lámparas incandescentes a bajo consumo, se analizó la diferencia y esta certificación implicó un ahorro de 200 millones de dólares”.

La comisión también contó con las exposiciones de: Lic. Virginia Uchitel – INTI / ATE; Omar Príncipe – Organización agraria “Bases Federadas”; Héctor Espina – INTA; Dra. Alfonsina Tripaldi – CONICET / UBA; Facundo Miguel Monti – INTI; Gabriela Volpi Lagreca – APINTA / INTA; Tomas Vera – INTA; Jorge Muñiz – INTA; Martin Galarza – INTA; Guillermo Baudino – INTI; Christian Marcos Quantin – INTI; Sebastián Rivera – Delegado ATE.

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En la reunión, se analizaron los candidatos y los criterios de examen para elegir al que será el siguiente defensor de los derechos de los niños.

La Comisión Bicameral del Defensor de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, se reunió en una sesión informativa en la Sala 7 del Anexo de la Cámara baja presidida por la diputada Natalia Sarapura (UCR), donde ahondaron en las más de 200 postulaciones para ocupar el cargo de Defensor junto al Consejo Asesor Técnico.

Dado que el recinto del a Cámara de Diputados se encuentra bajo reformas, la senadora Bedia solicitó que, considerando que hay 230 inscriptos para este proceso, ” que la comisión y la presidencia no bajen los brazos para que el examen se haga en el recinto. Sería un hecho histórico para esta bicameral, que impulso un Consejo de Asesor técnico ad honorem y que son los ojos del pueblo los que están esperando este proceso.”

A su vez, la senadora Cora reclamó que “el lugar natural donde se tiene que llevar el examen es el recinto, no podemos estar dando vueltas. Al menos que haya un deseo manifiesto de que esto no funcione y que sea de entorpecer”.

El calendario para elegir al Defensor sigue con la notificación previa al examen escrito, que tendrá lugar el 1° de agosto. En tanto, la fecha definitiva para la definición de los candidatos y su elevación a las Cámaras será el 22 de septiembre.

Estuvieron presentes, la secretaria de la comisión Vilda Bedia (LLA) y las senadoras Stefania Cora (Unidad Ciudadana) y Gabriela Valenzuela (UCR). A su vez, evaluaron el examen escrito, metodología, criterio de confidencialidad y otros aspectos, y su aprobación.

Un defensor de los derechos de los niños, niñas y adolescentes es un organismo o figura pública encargada de velar por la protección y promoción de los derechos de los menores de edad. Su función principal es asegurar que las políticas públicas y la legislación respeten los derechos de los niños, niñas y adolescentes, interviniendo en casos de vulneración y promoviendo su bienestar.

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