Desde periodistas especialistas hasta analistas financieros, los especialistas presentaron sus argumentos para avanzar en la elaboración de un informe por el caso de la criptomoneda $Libra.

El tiempo corre y Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados, tiene un solo objetivo en vista: cerrar cuanto antes la comisión investigadora que conforman miembros de la Cámara Baja de Unión Por La Patria, Coalición Cívica, La Libertad Avanza, entre otros. Sin embargo, aún sin definir las autoridades de la misma, solamente lograron dar un primer paso: invitar especialistas a exponer sobre el Escándalo de la criptomoneda $Libra.

Menem entiende que la comisión quedó conformada el 30 de abril, cuando se convocó la reunión constitutiva y la votación terminó empatada con 14 miembros de la oposición y 14 del oficialismo más sus aliados del PRO y la UCR, son Sabrina Selva propuesta por el kirchnerismo y Gabriel Bornoroni postulado por La Libertad Avanza para presidirla.

Con el receso invernal por llegar, Menem espera que se cumplan los 90 días que tenía la comisión para emitir el informe. Sin que haya avances en los intentos por convocar al Presidente, su hermana Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, y otros miembros del gabinete, el caso podría naufragar.

“Decidimos no convalidar una puesta en escena que desvirtúa el objeto votado por la Cámara de Diputados: investigar las responsabilidades políticas y administrativas del Gobierno y sus funcionarios en el escándalo de la criptomoneda Libra” expresó Ferraro.

Por su parte, Nicolás Massot, de Encuentro Federal, le apuntó directamente a Javier Milei. “Acá no hay malicia. A mi me encantaría que el Presidente de la Nación se constituya como denunciante y que denuncie al que lo estafó. Porque acá o se es estafador o se es estafado, no hay tercera posición”, planteó el legislador durante la reunión informativa de este miércoles.

Desde el oficialismo, el libertario Nicolás Mayoraz negó que hubiera existido una estafa en el caso Libra y acusó a las personas que se presentan como damnificadas de “especular con un juicio porque en el negocio nos le ha ido bien”.

En este sentido, expusieron Irina Hauser, periodista de Página 12; Alejandro Bercovich, periodista de C5N y Radio con Vos; Nicolás Pechersky, abogado especialista en finanzas; Iñaki Apezteguia, licenciado en administración, dedicado a criptomonedas; Martín Romeo, querellante en la causa Libra; Fernando Molina, ingeniero en Sistemas; Santiago Siri, experto en Criptoactivos; Maximiliano Firtman, programador y director de “Itmaster”;  y Gabriel Rey Linares, abogado y analista de sistemas. También se dejó sentado que se pidió el congelamiento de los fondos vinculados a las billeteras donde se detectó que recibieron criptoactivos de $LIBRA y también lo pidió la justicia de Estados Unidos, donde hay 57 millones de dólares congelados.

Redacción Sesionar

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Luego de que el Tribunal Supremo ratificara la condena a Cristina Kirchner por la Causa Vialidad, el cuerpo legislativo de la Cámara Baja del PRO presentó un proyecto por medio de la diputada nacional Silvana Giudici.

La diputada nacional del PRO, Silvina Giudici, presentó un proyecto para excluir a los condenados por delitos de corrupción del beneficio del indulto o la conmutación de penas. Esta iniciativa fue impulsada luego de que la Corte Suprema ratificara los seis años a prisión de Cristina Kirchner por la Causa Vialidad.

La iniciativa, registrada bajo el número 3233-D-2025 y acompañada por otros referentes de la bancada, apunta a impedir que, a futuro, el Poder Ejecutivo pueda perdonar o reducir las penas impuestas a funcionarios públicos sentenciados por graves delitos contra el Estado.

La propuesta surge tras la condena a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner a seis años de prisión domiciliaria en la llamada “Causa Vialidad”. “El objetivo es ratificar que en la Argentina nunca más los funcionarios podrán cometer actos de corrupción sin ser condenados y que la pena que reciban deberá ser totalmente cumplida”, afirmó Giudici al explicar el espíritu del proyecto.

“Este proyecto excluye del instituto del indulto presidencial a quienes hayan sido condenados por delitos graves contra la administración pública, como abuso de autoridad, malversación de fondos, enriquecimiento ilícito y otras formas de corrupción cometidas desde el Estado”, explicó la diputada durante la presentación. “Esos delitos y sus autores fueron los responsables de haber sumido a la Argentina en la pobreza y la decadencia, por eso los consideramos tan graves para los derechos humanos como la traición a la patria”, amplió Giudici en los fundamentos del proyecto.

La iniciativa cuenta con el respaldo de otros diputados del PRO como Sofía Brambilla, Sabrina Ajmechet, Martín Ardohain, Emmanuel Bianchetti, María Eugenia Vidal, Florencia De Sensi, Gerardo Millán, María Sotolano y Germana Figueroa Casas.

Giudici fundamentó la iniciativa al señalar que “las diversas causas de corrupción que se tramitan en los tribunales argentinas, desde la Causa Vialidad hasta los casos ‘Cuadernos’, ‘Hotesur’, ‘Los Sauces’ y los llamados ‘Bolsos de López’, demuestran la urgencia de evitar que futuros gobiernos utilicen el indulto como herramienta política para garantizar la impunidad”. La diputada resaltó que la transparencia, la ética pública y el respeto a la división de poderes son pilares fundamentales para reconstruir la confianza en la democracia argentina.

Redacción Sesionar

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El proyecto fue iniciativa desde el Ministerio de Seguridad y fue firmada por los integrantes de los bloques dialoguistas. Unión Por La Patria presentará un dictamen de minoría.

En la Comisión de Legislación Penal, presidida por la diputada del PRO Laura Rodríguez Machado, firmaron un dictamen de mayoría que modifica el Código Penal para aumentar las penas en delitos de robo o hurto. El proyecto fue impulsado desde el Ministerio de Seguridad y apuntan a endurecer el castigo contra los denominados “motochorros”.

La iniciativa postula el incremento de penas en el caso de robo de automotores o motovehículos, cables, cañerías, cobre y otros metales no ferrosos que sirvan para la generación, transmisión o distribución de energía eléctrica o para la prestación de servicios públicos en general, así como también su comercio ilegal y el de teléfonos celulares y sus repuestos. Con el objetivo de incrementar las medidas para prevenir la sustracción de dichos bienes.

En defensa del proyecto, Juan Brügge (EF) celebró que “las circunstancias de inseguridad que vive Argentina merecen que se trabaje en la actualización de las penas por robo y hurto, es un avance interesante”.

En el mismo sentido, Cecilia Ibáñez (MID), detalló que en la provincia de Córdoba “hubo 5338 víctimas que denunciaron robos por motochorros, sólo en 2024″.  “El delito cambió y las victimas estamos indefensas”, agregó.

Por su parte, Patricia Vásquez (PRO) señaló que “nos convoca la preocupación de muchos argentinos que fueron víctimas o son potenciales víctimas. Estamos trabajando para la gente, nos debemos a la seguridad de todos los argentinos”, argumentó. Y concluyó: “Aumentar las penas no es la única solución, pero es un paso indispensable”.

Firmaron el dictamen la presidenta de la comisión de Legislación Penal, Laura Rodríguez Machado, además de Nicolás Emma, Alida Ferreyra, Carolina Píparo, Guillermo Montenegro, Álvaro Martínez, Alejandro Bongiovanni, Álvaro González, Gerardo Milman, Juan Brügge, Esteban Paulón, Soledad Carrizo, Pamela Verasay, Marcela Campagnoli, Yamila Ruíz y José Tournier.

Por el lado de Unión Por La Patria, anunciaron que enviarán un nuevo proyecto con dictamen de minoría en las próximas 48 horas para tratar en el recinto en lugar del escrito impulsado desde el Poder Ejecutivo.

“Tratar proyectos de marketing punitivistas nos parece verdaderamente insólito”, lanzó el rionegrino de UxP Martín Soria antes de irse del Congreso. Además anticipó que desde su bloque presentarán un dictamen de rechazo.

Redacción Sesionar

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