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38 conductores dieron positivo en los tests de alcoholemia en Navidad

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El gobierno porteño realizó más de 4000 controles en distintos puntos de la ciudad en Nochebuena, el doble que realizaron el año pasado.

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires mantuvo el porcentaje de casos de alcohol en sangre positivo a comparación del año pasado. Fueron 38 los conductores a los que los oficiales de tránsito le retuvieron las licencias por haber superado el límite permitido dentro de la ciudad porteña.

Según los reportes policiales y por parte del Ministerio de Tránsito y Obras Públicas, 38 conductores fueron inhabilitados por un mínimo de dos meses por dar positivo en alcoholemia en el marco del operativo desarrollado durante la Nochebuena. Además, se duplicó la cantidad de puestos: se sumaron 20 puntos a los que se distribuyen habitualmente en el territorio porteño.

“Este año duplicamos la cantidad de puestos de control durante las Fiestas en distintos puntos rotativos de Buenos Aires para cuidar a los vecinos y vecinas. Es necesario entender y transmitir que el alcohol y el volante no son compatibles: si vas a manejar no tomes”, dijo Manuela López Menéndez, secretaria de Transporte y Obras Públicas de la Ciudad de Buenos Aires.

A diferencia de la provincia de Buenos Aires, en la Ciudad porteña aún hay un amrgen que permite tener alcohol en sangre: 0,5 litros de alcohol en sangre para vehículos particulares y 0,2 para motociclistas.

Por último, según informaron a través de la página de la Ciudad de Buenos Aires, el gobierno repetirá el operativo en Año Nuevo para continuar con el proceso de detención de los conductores que no respeten las normas de tránsito.

Así son los pasos de los controles para los test de alcoholemia

  1. Verificación de la documentación (licencia de conducir, cédula verde, seguro).
  2. Examen con equipo tipo alómetro (para determinar si hay presencia de alcohol).
  3. A quienes den positivo en el examen alómetro, se les realizará el test con alcoholímetro para determinar dosaje.

Con la nueva normativa todos los conductores que den positivo en un control de alcoholemia son inhabilitados por un mínimo de dos meses. Además, dependiendo del dosaje arrojado se implementan las siguientes sanciones:

  • Entre 0,5 gr/l y 1 gr/l: se establece una multa de 150 ($11.365,5) 1000 UF ($75.710) y la inhabilitación de la licencia (de 2 a 4 meses). Si aprueba el curso de educación vial, el plazo se reduce a la mitad en la primera falta. Se mantiene el acarreo de vehículo y la retención de la licencia de conducir.
  • Desde 1 gr/l en adelante: se establece la multa de 300 ($22.713) a 2000 UF ($151.420) o 1 a 10 días de arresto. Inhabilitación de la licencia aplicada siempre (4 meses a 2 años). La inhabilitación no puede ser dejada en suspenso. En la primera contravención el plazo de inhabilitación se puede reducir a la mitad si se aprueba el curso de seguridad vial. El valor de la UF es de $75.71.

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Redacción Sesionar 

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La Ciudad lanzó créditos hipotecarios para facilitar el acceso a la vivienda de la clase media

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Según anunció el Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el estado porteño cubrirá unos puntos de la tasa de los préstamos que serán financiadas por las concesiones de los medios públicos.

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires anunció una nueva línea de créditos hipotecarios a tasas subsidiadas destinada a facilitar el acceso a la primera vivienda para sectores de clase media, en el marco de una reconfiguración de la política habitacional local.

La medida fue presentada por el jefe de Gobierno, Jorge Macri, quien explicó que el objetivo es ampliar las posibilidades de financiamiento para familias que actualmente destinan gran parte de sus ingresos al alquiler. Según indicó, el programa apunta a transformar el crédito en una herramienta central para el acceso a la vivienda.

El esquema permite financiar hasta el 75% del valor de la propiedad, con un tope de $100 millones, para viviendas de hasta 80 metros cuadrados y con un valor por metro cuadrado limitado. Además, se estableció que la cuota inicial no supere el 25% de los ingresos familiares, con el objetivo de mantener condiciones de pago sostenibles.

La línea de créditos tendrá una tasa del 7,5% más UVA, por debajo de los niveles del mercado, ya que el Gobierno porteño subsidia parte del interés. Este diferencial busca reducir el costo de acceso y equiparar el valor de las cuotas con el de un alquiler.

El programa está dirigido tanto a trabajadores en relación de dependencia como a monotributistas y autónomos, quienes podrán aplicar a través del Banco Ciudad. También se incorporó la posibilidad de sumar un garante para ampliar la capacidad crediticia de los solicitantes.

Para financiar esta política, la Ciudad reasignará recursos del Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC) y utilizará ingresos provenientes de otras áreas, con el objetivo de sostener el esquema de subsidio a las tasas.

La iniciativa forma parte de una estrategia orientada a ampliar el acceso a la vivienda en un contexto de dificultades para acceder a créditos hipotecarios en el sistema financiero tradicional, con foco en sectores medios que históricamente quedaron fuera de los programas públicos.

Con esta medida, el Gobierno porteño busca incrementar la oferta de financiamiento y consolidar un modelo basado en el crédito como principal herramienta de acceso a la vivienda, en contraste con esquemas anteriores centrados en la construcción directa o la asignación de unidades habitacionales.

Redacción Sesionar

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El Gobierno porteño avanza con la concesión de medios públicos y crece el rechazo político y sindical

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Los medios afectados son las radios AM 1110 y FM 92.7, y la señal de clave del Canal de la Ciudad.

El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, avanza con el proceso de licitación para concesionar los medios públicos porteños, una medida que incluye al Canal de la Ciudad y a las radios AM 1110 y FM 92.7. La iniciativa quedó formalizada con la publicación de los pliegos técnicos en el Boletín Oficial.

El esquema prevé que empresas privadas asuman el gerenciamiento operativo, técnico y comercial de estos medios durante un plazo de cinco años (60 meses), a cambio del pago de un canon al Estado porteño. Según los documentos oficiales, las firmas adjudicatarias deberán encargarse de la programación y contar con infraestructura propia para la transmisión.

Desde el Gobierno de la Ciudad sostienen que la medida busca reducir el gasto público y mejorar la eficiencia en la gestión, al transferir la operación a privados sin eliminar la función social de los medios.

La decisión generó rechazos en sectores políticos y sindicales. Desde el peronismo porteño comenzaron a articular acciones junto a gremios de trabajadores de prensa y estatales, con el objetivo de frenar la implementación de la concesión. También evalúan presentar iniciativas en la Legislatura.

En paralelo, organizaciones sindicales y legisladores cuestionaron la legalidad del proceso y señalaron que podría ser incompatible con la Constitución de la Ciudad, que establece la existencia de medios públicos propios con fines culturales y educativos.

El proyecto contempla que, aun con gestión privada, los medios mantengan ciertos contenidos obligatorios. Por ejemplo, deberán garantizar programación institucional y cultural, y en el caso de la radio La 2×4, conservar su perfil vinculado al tango y la música nacional.

Además, el proceso de licitación establece plazos y condiciones específicas para la presentación de ofertas, con evaluación técnica y económica de los proyectos, lo que definirá qué empresas podrán acceder a la concesión. En ese marco, se espera que en las próximas semanas se conozcan los primeros interesados y avances administrativos que determinarán la implementación efectiva del nuevo esquema de gestión.

Redacción Sesionar

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La Ciudad eliminó el Impuesto de Sellos sobre el financiamiento de tarjetas de crédito

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La decisión forma parte de un conjunto de medidas por parte del Gobierno porteño para reducir la carga en las cuentas corrientes del estado local.

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires avanzó con una medida de alivio fiscal al eliminar el Impuesto de Sellos que se aplicaba sobre el financiamiento de tarjetas de crédito, una carga que impactaba directamente en quienes no podían cancelar el total de sus consumos mensuales.

El tributo, que representaba un recargo del 1,2%, se cobraba cuando los usuarios pagaban el monto mínimo del resumen y financiaban el saldo restante. Con la nueva disposición, ese porcentaje deja de aplicarse, lo que reduce el costo total del financiamiento.

La medida fue implementada por la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP) y se aplica de manera automática, sin necesidad de realizar trámites. De esta forma, todos los usuarios alcanzados comienzan a percibir el beneficio directamente en sus resúmenes de tarjeta.

Según se informó, la decisión fue aprobada previamente por la Legislatura porteña con el acompañamiento de distintos bloques políticos, en el marco de una política orientada a reducir la carga tributaria en un contexto económico donde el financiamiento se volvió una herramienta frecuente para los hogares.

El objetivo central de la medida es disminuir el costo del endeudamiento y mejorar la capacidad de pago de los usuarios, especialmente de aquellos que recurren al pago mínimo o parcial de sus consumos mensuales. En la práctica, la eliminación del impuesto implica un menor monto final a abonar.

Desde el Gobierno porteño señalaron que esta iniciativa forma parte de un conjunto de medidas destinadas a generar mayor acceso al crédito y alivio económico, en un escenario marcado por el aumento de los gastos fijos y las dificultades para sostener el consumo.

Además, la eliminación del Impuesto de Sellos sobre el financiamiento de tarjetas se complementa con otras políticas fiscales, como la exención del mismo tributo para la compra de vivienda única, que también fue actualizada para ampliar su alcance.

En ese contexto, la medida modifica la estructura de costos del uso de tarjetas de crédito en la Ciudad y se inscribe dentro de una estrategia más amplia de revisión de impuestos locales, con impacto directo en la economía cotidiana de los contribuyentes.

Redacción Sesionar

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