Los bloques opositores lograron superar el bloqueo oficialista y tratarán proyectos como el financiamiento de universidades y el salario de residentes y médicos en el Hospital Garrahan para la próxima semana.

En una jornada cargada de tensión entre los cruces entre los diputados de diferentes bloques y los señalamientos entre legisladores oficialistas, la Cámara de diputados decidió levantar la sesión y los bloques opositores lograron hacer que los temas principales avancen: el martes 8 de julio, las comisiones de Presupuesto y Salud deberán discutir y emitir dictamen para los proyectos que involucran el financiamiento universitario y el reclamo de los médicos y trabajadores del Garrahan.

El debate terminó en un escándalo, en medio de insultos y agravios entre diputados de Unión por la Patria y La Libertad Avanza. Por un lado, diputadas del peronismo se enfrentaron cara a cara con José Luis Espert, diputado libertario, por la detención de Alexia Abaigar, acusada de haberle arrojado excremento en la puerta de su casa. Por el otro, un nuevo capítulo en el enfrentamiento entre Pagano y Lemoine debido a que la periodista dio quórum para que se realice la sesión.

La ex periodista fue la única de su bloque que se sentó en su banca en el arranque del debate, permitiendo que el recinto reuniera el número mínimo de legisladores para habilitar el tratamiento de proyectos

El temario inicial fue impulsado por los radicales disidentes de Democracia para Siempre incluyó iniciativas sobre el aumento del financiamiento universitario, la crisis del Hospital Garrahan, una reforma al régimen de DNU, promoción de PyMEs, el juicio por jurados y modificaciones a los husos horarios. Esta sesión, convocada hace dos semanas, contempla la posibilidad de ampliar el temario para lograr quórum e incorporar demandas de los distintos bloques.

Los intentos de la oposición buscan sortear el freno impuesto por La Libertad Avanza con el cierre de comisiones, recurriendo a la votación de emplazamientos. Se incluyeron además siete proyectos referidos a las retenciones sobre productos agropecuarios y sus derivados, que proponen desde una reducción progresiva hasta la eliminación total de los derechos de exportación.

Por otro lado, se aprobó también el emplazamiento a la Comisión de Acción Social y Salud Pública, Familia, Niñez y Juventudes y Presupuesto y Hacienda para que se reúnan el 8 de julio a las 12. Se busca que emitan dictamen sobre expedientes acerca del Hospital Garrahan y la emergencia sanitaria en salud pediátrica. La propuesta fue respaldada por 164 votos a favor y 66 en contra en el recinto.

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Desde periodistas especialistas hasta analistas financieros, los especialistas presentaron sus argumentos para avanzar en la elaboración de un informe por el caso de la criptomoneda $Libra.

El tiempo corre y Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados, tiene un solo objetivo en vista: cerrar cuanto antes la comisión investigadora que conforman miembros de la Cámara Baja de Unión Por La Patria, Coalición Cívica, La Libertad Avanza, entre otros. Sin embargo, aún sin definir las autoridades de la misma, solamente lograron dar un primer paso: invitar especialistas a exponer sobre el Escándalo de la criptomoneda $Libra.

Menem entiende que la comisión quedó conformada el 30 de abril, cuando se convocó la reunión constitutiva y la votación terminó empatada con 14 miembros de la oposición y 14 del oficialismo más sus aliados del PRO y la UCR, son Sabrina Selva propuesta por el kirchnerismo y Gabriel Bornoroni postulado por La Libertad Avanza para presidirla.

Con el receso invernal por llegar, Menem espera que se cumplan los 90 días que tenía la comisión para emitir el informe. Sin que haya avances en los intentos por convocar al Presidente, su hermana Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, y otros miembros del gabinete, el caso podría naufragar.

“Decidimos no convalidar una puesta en escena que desvirtúa el objeto votado por la Cámara de Diputados: investigar las responsabilidades políticas y administrativas del Gobierno y sus funcionarios en el escándalo de la criptomoneda Libra” expresó Ferraro.

Por su parte, Nicolás Massot, de Encuentro Federal, le apuntó directamente a Javier Milei. “Acá no hay malicia. A mi me encantaría que el Presidente de la Nación se constituya como denunciante y que denuncie al que lo estafó. Porque acá o se es estafador o se es estafado, no hay tercera posición”, planteó el legislador durante la reunión informativa de este miércoles.

Desde el oficialismo, el libertario Nicolás Mayoraz negó que hubiera existido una estafa en el caso Libra y acusó a las personas que se presentan como damnificadas de “especular con un juicio porque en el negocio nos le ha ido bien”.

En este sentido, expusieron Irina Hauser, periodista de Página 12; Alejandro Bercovich, periodista de C5N y Radio con Vos; Nicolás Pechersky, abogado especialista en finanzas; Iñaki Apezteguia, licenciado en administración, dedicado a criptomonedas; Martín Romeo, querellante en la causa Libra; Fernando Molina, ingeniero en Sistemas; Santiago Siri, experto en Criptoactivos; Maximiliano Firtman, programador y director de “Itmaster”;  y Gabriel Rey Linares, abogado y analista de sistemas. También se dejó sentado que se pidió el congelamiento de los fondos vinculados a las billeteras donde se detectó que recibieron criptoactivos de $LIBRA y también lo pidió la justicia de Estados Unidos, donde hay 57 millones de dólares congelados.

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El escrito será girado a la Cámara de Diputados. Cuenta con la firma de los gobernadores de las 24 jurisdicciones.

En un gesto de unidad entre los gobernadores, impulsarán un proyecto de ley que apunta a modificar el régimen de los ATN y el impuesto a los combustibles líquidos y así distribuir parte de la recaudación entre las 24 jurisdicciones del país, con el objetivo de compensar la caída en la recaudación que se registró en el último año. Esto fue resultado de la reunión en el Consejo de Inversiones en la que no hubo un acuerdo con el Gobierno.

La medida, firmada por todos los representantes provinciales, surgió como respuesta a la contrapropuesta presentada más temprano por el vicejefe de Gabinete del Interior, Lisandro Catalán, y el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, que no vieron como una solución a sus reclamos.

Puntualmente, propusieron modificar el artículo 19 de la ley 23.966, que fijó la forma en la que se distribuyen los ingresos que la Nación recibe por el impuesto a los combustibles líquidos.

Actualmente, ese dinero se divide de la siguiente manera: un 10,40% va para el Tesoro Nacional; el 15,07% le corresponde al Fondo Nacional de la Vivienda (FONAVI); el 28,69% se envía al Sistema Único de Seguridad Social; el 4,31% queda en el Fideicomiso de Infraestructura Hídrica; el 28,58% se entrega al Fideicomiso de Infraestructura de Transporte y el 2,55% se traslada a la Compensación Transporte Público.

Los mandatarios buscan con este proyecto que el monto pase a distribuirse únicamente entre las provincias, que se quedarían con el 58,36%, y el Tesoro Nacional, el sistema previsional y la compensación para el transporte público, que mantendrían sus porcentajes actuales.

Además, la iniciativa también busca cambiar la forma en la que se reparten los Aportes del Tesoro Nación, conocidos informalmente como transferencias discrecionales, ya que la Casa Rosada los reparte según considere.

Los gobernadores optaron por mantener los porcentajes que se fijaron en su momento para cada uno de sus territorios, pero agregaron un párrafo “con la incorporación del prorrateo que corresponda por aplicación” de una compensación que beneficia a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.

Asimismo, se remarcó que, si se aprueba esta ley, el fondo de los ATN “se distribuirá en forma automática y diaria”, por lo que la Casa Rosada dejaría de tener tanta injerencia en el asunto.

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