El debate por un posible aumento para jubilados llegará al recinto, pero sin la certeza de que alcancen un acuerdo en la Cámara Baja. Las iniciativas incluyen la moratoria, el bono y un aumento.

La oposición en Diputados avanzó en el tratamiento de los proyectos que apuntan a aumentar el ingreso para jubilados y así a dar una respuesta a la problemática que se generó tras el fin de la moratoria previsional. Se tratará el proyecto en el recinto, pero con un detalle: se firmaron catorce dictámenes y solo dos son de mayoría.

El plenario de las comisiones de Previsión Social, presidida por la diputada radical Gabriela Brouwer de Koning, y de Presupuesto, a cargo del libertario José Luis Espert, concluyó el análisis de la situación jubilatoria y más incertidumbre para la estructuración del mapa político debido a la fragmentación del PRO en el tratamiento del tema entre los sectores macristas y bullrichistas.

“Hay diecisiete proyectos de ley, más cuatro iniciativas a la vista. Los dividí, para su tratamiento, en dos ejes temáticos: por un lado, cómo hacer ingresar al sistema previsional a las personas que teniendo la edad no cumplen la cantidad de años de aporte; y, por otro lado, el incremento del haber o del bono, de acuerdo a los diferentes proyectos de ley presentados”, explicó Brouwer De Koning.

Durante el debate, Nicolás Massot, de Encuentro Federal, evaluó que “tenemos un sistema tributario, de legislación laboral, que ha empujado sistemáticamente a la informalidad a cientos de miles de argentinos y es una realidad que queremos cambiar”. 

En el caso de la propuesta de que la moratoria no logra prorrogarse, Massot manifestó que la alternativa, mediante otro dictamen, sería “la creación del Programa de Prestación Proporcional a la Vejez, que busca reconocer los años que sí hayan aportado”. 

Por su parte, desde el bloque de Unión por la Patria, Julia Strada expresó que “presentamos un dictamen para una prórroga de la moratoria previsional que tiene un costo del 0,08% del PBI por año”. “Lo que proponemos es perfectamente financiable de acuerdo a los números del superávit financiero publicado por economía”, argumentó.

En otro orden, Silvana Guidici, del Bloque PRO, estimó que “sería bueno encontrar los consensos para resolver el problema estructural que hizo que el sistema previsional sea inviable”, a la vez que cuestionó a quienes proponen reinstaurar la moratoria previsional a la que definió como “un parche”.

Desde el mismo bloque, Daiana Fernández Molero , explicó que “proponemos que exista una PUAM y después una proporcional de acuerdo a los años aportados”. “Esto garantiza que sea un sistema más justo”, sintetizó.

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El proyecto apunta a bajar la edad de imputabilidad hasta los 14 años. La norma contó con las firmas del PRO, La Libertad Avanza, la UCR, la Coalición Cívica, Innovación Federal y Democracia para Siempre.

Con apoyo de los bloques dialoguistas en la Cámara Baja, el oficialismo consiguió dictamen de mayoría para llevar al recinto el proyecto para bajar la edad de imputabilidad de 16 a 14 años con una pena máxima de 15, solo para delitos graves. La norma contó con firmas de diputados del PRO, la UCR, la Coalición Cívica, Innovación Federal, Democracia para Siempre y La Libertad Avanza y se realizó en el marco de una reunión en la Comisión de Legislación Penal.

Según explicaron sus impulsores, las penas de privación de la libertad no podrá aplicarse en caso de condenas menores a los 10 años, siempre que el menor no haya cometido un delito grave como homicidio, abuso sexual o secuestro. De todas formas, busca dar prioridad a las penas alternativas como tareas comunitarias, prohibiciones de aproximación con las víctimas o medidas de reparación del daño causado.

Una de las principales críticas por parte de la oposición giró en torno a las inversiones destinadas para contar con lugares apropiados para detener a los menores. La iniciativa oficial propone la creación de institutos especiales donde esté garantizado el derecho a ser educados, a recibir atención médica y tratamiento en caso de adicciones. Todo el personal de los centros de detención deberá estar especializado en infancia y adolescencia. También queda terminantemente prohibida cualquier tipo de convivencia con detenidos mayores.

Durante su discusión en el plenario, la diputada Roxana Reyes (UCR), titular de la Comisión de Familias, Niñez y Juventudes, consideró que un nuevo Régimen Penal Juvenil “era una asignatura pendiente de este Congreso. Tiene una misión que es resocializadora, educativa, de contención, es llegar a tiempo para que aquellos jóvenes que entraron en conflicto con la ley penal puedan tener la oportunidad de la resocialización”, explicó.

En tanto, el diputado Germán Martínez (UxP), objetó que “este tema no está lo suficientemente maduro para que hoy podamos dictaminar”. “Entiendo que haya un deseo de avanzar en el dictamen, pero después de las reuniones informativas, nos están faltando etapas de procesamiento de esa información”, reclamó.

Desde el bloque de Democracia para Siempre, el diputado Fernando Carbajal dijo que “resulta difícil la discusión pública en estos contextos: se tiran al voleo supuestos datos sobre la comisión de delitos por parte de menores que no tienen ningún tipo de basamento científico y a esto le sumamos discursos cargados de odio hacia los delincuentes”.

La diputada Margarita Stolbizer (EF) adelantó que presentaría un dictamen de minoría y criticó el despacho de mayoría: “Tenemos un proyecto, por lo menos, desprolijo, contradictorio. Si un problema tiene el dictamen al que se ha llegado es justamente la dificultad de implementación en las provincias”.

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El Jefe de Gabinete de Ministros de la Nación se presentó en la Cámara Baja, justificó las ausencias de Mariano Cúneo Libarona y Luis Caputo. Además, ratificó los dichos del presidente en su entrevista televisiva.

Después de esperar por dos horas tras bambalinas, el Jefe de Gabinete de Ministros, Guillermo Francos, se presentó ante los diputados nacionales para ser interpelado por el escándalo del Caso $Libra y negó que el presidente Javier Milei haya promocionado (sino difundido) el proyecto de la criptomoneda. Además, justificó las ausencias de otros ministros interpelados como el de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, y el de Economía, Luis “Toto” Caputo, y señaló que ambos tenían compromisos impostergables.

El funcionario se mostró molesto por la espera de más de dos horas detrás del recinto mientras esperaba que los diputados terminaran de exponer ante la insistencia del presidente Martín Menem. En su primera intervención ante los micrófonos señaló que “nunca hizo esperar a nadie por ese tiempo y que le pareció una falta de respeto”.

Francos exhibió su cintura política ante los miembros de la Cámara Baja y ratificó los dichos del presidente sobre el caso $Libra en una entrevista televisiva con el conductor Jonathan Viale al que le aseguró que difundió un proyecto que era de “público conocimiento” y que no implicaba un delito.

“El Presidente no mantiene ni mantuvo relación alguna con las personas involucradas”, afirmó Francos, y agregó: “No existió participación del Estado nacional, ni de sus organismos o asesores, en el proyecto mencionado. Tampoco hubo contratos, acuerdos ni directivas para coordinar o promover su funcionamiento”.

En el arranque de su exposición, Francos cuestionó la puesta en marcha de una comisión investigadora en el ámbito de la Cámara de Diputados para indagar sobre este caso.

“En un Estado de Derecho, la división de poderes debe respetarse para garantizar el funcionamiento institucional”, señaló Francos. Y advirtió: “Las comisiones investigadoras no pueden convertirse en órganos paralelos de justicia ni arrogarse facultades que la Constitución reserva exclusivamente al Poder Judicial. Su función debe limitarse a deliberar, legislar y ejercer el control entre poderes”.

Francos apeló a un argumento habitual para defender al Presidente: descalificó el proceder del Congreso y lo acusó de no cumplir con su trabajo. “Este tipo de montajes no contribuye al fortalecimiento democrático ni al esclarecimiento de los hechos. Por el contrario, distraen la atención del Congreso de los temas que realmente impactan en la vida de los argentinos”, cuestionó.

Además de Francos, los diputados habían convocado a Caputo y a Cúneo Libarona, quienes justificaron sus ausencias por “compromisos urgentes” –el primero- y “cuestiones de agenda impostergables” -el segundo- pese a que la Constitución Nacional los obliga a asistir al recinto una vez convocados. Ante el fuerte malestar de la oposición, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, accedió a citarlos el próximo 14 mayo para una nueva interpelación.

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