En la reunión, se analizaron los candidatos y los criterios de examen para elegir al que será el siguiente defensor de los derechos de los niños.

La Comisión Bicameral del Defensor de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, se reunió en una sesión informativa en la Sala 7 del Anexo de la Cámara baja presidida por la diputada Natalia Sarapura (UCR), donde ahondaron en las más de 200 postulaciones para ocupar el cargo de Defensor junto al Consejo Asesor Técnico.

Dado que el recinto del a Cámara de Diputados se encuentra bajo reformas, la senadora Bedia solicitó que, considerando que hay 230 inscriptos para este proceso, ” que la comisión y la presidencia no bajen los brazos para que el examen se haga en el recinto. Sería un hecho histórico para esta bicameral, que impulso un Consejo de Asesor técnico ad honorem y que son los ojos del pueblo los que están esperando este proceso.”

A su vez, la senadora Cora reclamó que “el lugar natural donde se tiene que llevar el examen es el recinto, no podemos estar dando vueltas. Al menos que haya un deseo manifiesto de que esto no funcione y que sea de entorpecer”.

El calendario para elegir al Defensor sigue con la notificación previa al examen escrito, que tendrá lugar el 1° de agosto. En tanto, la fecha definitiva para la definición de los candidatos y su elevación a las Cámaras será el 22 de septiembre.

Estuvieron presentes, la secretaria de la comisión Vilda Bedia (LLA) y las senadoras Stefania Cora (Unidad Ciudadana) y Gabriela Valenzuela (UCR). A su vez, evaluaron el examen escrito, metodología, criterio de confidencialidad y otros aspectos, y su aprobación.

Un defensor de los derechos de los niños, niñas y adolescentes es un organismo o figura pública encargada de velar por la protección y promoción de los derechos de los menores de edad. Su función principal es asegurar que las políticas públicas y la legislación respeten los derechos de los niños, niñas y adolescentes, interviniendo en casos de vulneración y promoviendo su bienestar.

Redacción Sesionar

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Con ausencia del oficialismo y algunos de los bloques dialoguistas, la Cámara Alta aprobó tres proyectos que tenían media sanción de Diputados.

Con el apoyo de bloques dialoguistas, un miembro alejada del PRO y bloques provinciales, desde la oposición peronista lograron llevar adelante una sesión autoconvocada en la Cámara del Senado para aprobar las leyes que mejoran las castigadas jubilaciones, que reactiva la moratoria previsional, y que declara la emergencia en discapacidad. Estos proyectos tenían media sanción desde Diputados.

Todo esto ocurrió ante un oficialismo sin defensa y con la Casa Rosada más preocupada en echarle la culpa a la vicepresidenta, Victoria Villarruel, en medio de una sesión en la que se destrozó el reglamento, más allá de la validación de la misma por el pleno de la Cámara alta que, en este sentido, es soberano en cuanto a sus decisiones en el recinto.

La ley que aumenta los haberes jubilatorios implica un incremento real para todos los del 7,2% -excepto los regímenes especiales- y un incremento para el bono, que pasaría de $70 mil a $110 mil y se actualizaría por inflación. La principal crítica es la conversión de esto último a un derecho para siempre.

En tanto, la restitución por dos años de la moratoria implica la reactivación del sistema que permite que las personas sin los 30 años de aportes puedan comprar los saldos faltantes para acceder al haber mínimo.

En cuanto a la Emergencia en Discapacidad, la iniciativa estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2027, es decir, pasado el final del Gobierno libertario, y reformula las pensiones no contributivas y actualiza aranceles, así como compensaciones económicas, entre otras cuestiones.

“Tenemos que actualizar el Certificado Único de Discapacidad. El trámite con el CUD es hoy toda una complicación y este proyecto propone una metodología en este sentido”, subrayó el peronista puntano y vice de la comisión de Presupuesto y Hacienda, Fernando Salino.

Primero fue el turno de la iniciativa jubilatoria, que en la votación en general obtuvo 52 adhesiones, ningún rechazo y cuatro abstenciones. Luego, se procedió a la particular, que se dividió en bloques de artículos y, pese a diferentes resultados, igual tuvo luz verde y, por lo tanto, la ley quedó sancionada.

Como los senadores se dieron cuenta de que la moratoria también contaba con los votos necesarios, se realizó una sola -general y particular: 39 avales, 14 negativos y una abstención. Todas estas resoluciones fueron a viva voz, ya que el sistema de pantallas y transmisión de datos falló y no logró restablecerse, de manera llamativa, por un largo tiempo.

El último turno fue el de la emergencia en discapacidad, que sí pudo realizarse por medios electrónicos: 56 afirmativos.

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La comisión está presidida por Stefanía Cora, de Unidad Ciudadana. El proyecto tiene media sanción desde la Cámara de Diputados.

La comisión de Población y Desarrollo Humano, presidida por la senadora Stefanía Cora (Unidad Ciudadana), se reunió hoy al mediodía en el salón Illia para analizar dos proyectos de ley referidos a la declaración de emergencia en discapacidad en todo el territorio nacional.

Antes de abordar el temario previsto, se acordó nombrar en la Vicepresidencia de la comisión a la senadora Natalia Gadano (Por Santa Cruz), mientras que continuó vacante la secretaría de la misma.

El primer proyecto puesto a consideración, cuenta con media sanción de Diputados y obtuvo once firmas de los presentes con algunas de ellas en disidencia, permite fortalecer el sistema de prestaciones básicas de atención integral para las personas en situación de discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2026 inclusive. También, establece una actualización de aranceles automática de acuerdo al Índice de Precios al Consumidor (IPC), además de una compensación de emergencia y refuerzo de las pensiones no contributivas por invalidez, a la vez, que establece un aumento en el financiamiento de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

Al respecto, Stefanía Cora expresó que, “esta emergencia es algo urgente e importante como nos lo han hecho saber las organizaciones, familiares, prestadores y transportistas que vienen trabajando organizadamente para que podamos tratarla hoy porque es una temática que nos atraviesa como sociedad y a la que le debemos una respuesta contundente y favorable”.

A su turno, el senador Víctor Zimmermann (UCR), destacó la necesidad de obtener “más detalles e información”, por lo que solicitó, ” brindarle más tiempo al tratamiento de esta propuesta a efectos de tener más claro cómo avanzar al respecto por el grado de importancia que el tema posee”.

En cambio, la senadora Carmen Álvarez Rivero (PRO) solicitó que ” miremos integralmente el problema y actualicemos el arancel, ese es el mecanismo que podríamos poner en marcha y, ni siquiera, necesitaríamos una nueva ley”. El arancel en cuestión son los valores establecidos por el Estado para las prestaciones y servicios que se brindan a personas con discapacidad, dentro del marco de un sistema de atención integral.

En concordancia con el proyecto aprobado en Diputados, la senadora Anabel Fernández Sagasti (Unidad Ciudadana) también presentó un proyecto de ley que declara la emergencia nacional en discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2027.

Por último, estuvieron presentes referentes de organizaciones que trabajan con personas con discapacidad, quienes brindaron detalles sobre su situación y necesidades.

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