Legisladores nacionales de Fuerza Patria y del Frente de Izquierda – Unidad presentaron una resolución en apoyo a los reclamos de los trabajadores.

La empresa ubicada en Tortuguitas, Lustramax, despidió a 22 trabajadores, incluidos dos delegados gremiales de la planta ubicada en el Parque Industrial de Tortuguitas, partido de Malvinas Argentinas. Ante esta situación, diputados del Frente de Izquierda y de Fuerza Patria expresaron su repudio por medio de un proyecto de resolución enviada a la Cámara Baja.

Según señalaron los legisladores, el conflicto se originó cuando la empresa impidió el ingreso de trabajadores sin notificación formal previa, lo que derivó en la resolución de un paro total de actividades votado en asamblea. De acuerdo a lo informado, se trató de despidos de hecho, al no mediar telegramas ni actos administrativos fehacientes.

En el texto se plantea:

– Rechazar todos los despidos y realizados ilegalmente. Junto con esto se produjo otro hecho gravísimo: el despido y negativa a que ingresen a sus puestos de trabajo de dos delegados con fueros gremiales, una violación a la legislación vigente y un ataque de enorme magnitud contra los derechos de los trabajadores.

– Repudiar la amenaza de desalojo a los trabajadores que se encuentran en la planta que tiene la empresa en el Parque Industrial de Tortuguitas, provincia de Buenos Aires, en defensa de sus puestos de trabajo. En este momento, la empresa se encuentra en la ilegalidad ya que planteó por escrito su negativa a cumplir con la conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo provincial y la reinstalación de todos los trabajadores.

– Rechazar la presencia de efectivos de la Gendarmería Nacional, en un accionar ilegal, el 15 de enero del corriente año con el objetivo de intimidar y amedrentar a los trabajadores. Al día de hoy no se conoce qué autoridad dispuso la presencia de una Fuerza Federal en territorio bonaerense, ya que ni el Juez de Garantías ni la fiscalía dieron orden alguna.

– Exigir la reinstalación de todos los despedidos, el cumplimiento de la conciliación obligatoria por parte de la empresa, el esclarecimiento del operativo de Gendarmería ya mencionado y reiterar el rechazo a todo tipo de violencia contra los trabajadores.

Los trabajadores informaron que Lustramax inició un Proceso Preventivo de Crisis (PPC), aunque cuestionaron que la firma no haya acreditado una situación económica que justifique los despidos.

El texto, que fue presentado a instancias del Frente de Izquierda, reúne las firmas de 15 diputadas y diputados de diferentes bloques. Lo firman: Myriam Bregman (Frente de Izquierda Unidad), Cecilia Moreau (Unión por la Patria), Esteban Paulón (Provincias Unidas), Mónica Frade (Coalición Cívica), Sergio Palazzo (Unión por la Patria), Paula Penacca (Unión por la Patria), Mario Manrique (Unión por la Patria), Hugo Yasky (Unión por la Patria), Eduardo Valdés (Unión por la Patria), Nicolás del Caño (Frente de Izquierda Unidad), Romina del Plá (Frente de Izquierda Unidad), Néstor Pitrola (Frente de Izquierda Unidad), Sabrina Selva (Unión por la Patria), Natalia Zaracho, (Unión por la Patria) y Juan Marino (Unión por la Patria).

Redacción Sesionar

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Por iniciativa del legislador nacional Juan Marino, la oposición buscará impulsar un pedido de Juicio Político en el Congreso.

El Bloque de Diputados de Unión Por La Patria presentará un pedido de Juicio Político contra el presidente de la Nación, Javier Milei, debido a su posición frente a la incursión militar de los Estados Unidos en Venezuela para detener a Nicolás Maduro y su posterior juicio en la ciudad de Nueva York.

La medida parlamentaria fue comunicada por el diputado Juan Marino, que pertenece al Partido Piquetero, alineado dentro de la coalición de Unión por la Patria. “Es un payaso que pretende ser Virrey en Latinoamérica”, dijo, al tiempo en el que señaló que el mandatario además “festejó el ataque terrorista de Trump y el secuestro de Maduro”.

Según los artículos 53, 39 y 60 de la Constitución Nacional, existen tres motivos principales a partir de los cuales se puede iniciar el proceso de juicio político contra un funcionario:

• – Mal desempeño de sus funciones: es la causa más común y subjetiva. No requiere un delito, sino que el Congreso considere que el funcionario ya no es apto para el cargo.
• – Delitos en el ejercicio de sus funciones: por ejemplo, actos de corrupción o abuso de autoridad.
• – Crímenes comunes: delitos que no tienen que ver con el cargo, como es el caso de un homicidio.

El pedido de Marino se extiende más allá de las fronteras locales. Rechazó las amenazas de Trump contra líderes como Gustavo Petro (Colombia), y mencionó advertencias contra Cuba, México y hasta Groenlandia. “Tenemos que desarrollar una coordinación regional para decir no a la guerra en América Latina“, sostuvo Marino, exigiendo al Congreso estadounidense que limite el accionar de Trump.

Con este anuncio, el peronismo más combativo busca escalar el conflicto internacional al plano legislativo local, poniendo a prueba la cohesión de la oposición en el Congreso ante un hecho que ha reconfigurado el mapa geopolítico sudamericano en pocas horas.

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El escrito fue enviado desde el Poder Ejecutivo y consiguieron 44 firmas de los 76 diputados presentes en la Cámara Baja.

En una nueva reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados, el legislador nacional Alberto “Bertie” Benegas Lynch confirmó el dictamen de mayoría para el proyecto de Inocencia Fiscal que fue impulsado por el Poder Ejecutivo y que plantea plantea cambios en el régimen penal tributario y en el esquema de declaración del impuesto a las Ganancias.

El dictamen de mayoría obtuvo 44 firmas sobre 76 presentes. Según los fundamentos del texto, el proyecto de ley está “orientado a la incorporación de reformas sobre Procedimiento Tributario y al Régimen Penal Tributario, en el marco del proceso de reconstrucción de la Nación Argentina y frente a la asfixiante carga fiscal que recae sobre el sector formal de la economía”.

Al comienzo de la reunión, la diputada Laura Rodríguez Machado (LLA), presidente de la Comisión de Legislación Penal, explicó que “durante el mes de noviembre en el recinto se procedió a avanzar en una media sanción de un proyecto que tiene también como objetivo subir los umbrales delictivos, en virtud de los cuales consideramos que una persona puede ser evasor fiscal o susceptible de una sanción tributaria”. 

En representación del bloque de Unión por la Patria, el diputado Guillermo Michel (UxP) adelantó que la bancada opositora presentaría su propio dictamen de Inocencia Fiscal, “vinculado a la coherencia con el último proyecto aprobado por esta Cámara”. 

Desde el bloque de La Libertad Avanza, la diputada Silvana Giudici (LLA) sostuvo que el proyecto del Ejecutivo “replica estos conceptos de dejar de perseguir a los perejiles, como se dice vulgarmente, para concentrar la persecución del Estado en los grandes evasores”.

Por otra parte, la diputada Romina Del Plá (FIT) adelantó que el bloque de izquierda también presentaría un dictamen de rechazo al texto de Inocencia Fiscal. “Quiero decir que las tres leyes que estamos tratando hoy tienen un denominador común, que es el contraste entre beneficios que se le dan a las patronales con el ataque a los trabajadores”, manifestó.

El Gobierno busca que el proyecto se trate antes de fin de año con el objetivo de acelerar los procesos en torno al objetivo de seguir engrosando las reservas del Banco Central con reformas en el régimen penal tributario, los procedimientos de fiscalización y la declaración jurada simplificada del Impuesto a las Ganancias, con el objetivo de simplificar trámites y reducir la carga administrativa.

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